Por Andrea Carrillo Samayoa
En este país, mientras la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población, las empresas de seguridad privada han proliferado a tal punto que el número de guardias privados supera por mucho a las fuerzas policiales del Estado.
Según fuentes diversas, entre 2010 y 2025 se registran 42 mil agentes de la Policía Nacional Civil frente a cerca de 110 mil guardias de seguridad privada. Esto cobra relevancia y resulta preocupante cuando se conoce que gran parte de este sector opera al margen de la ley.
Miles de guardias son contratados sin que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto 52-2010 ni en el Acuerdo Gubernativo 417-2013. Y esto es importante porque muchos de estos hombres armados, a quienes se les delega la tarea de “brindar seguridad”, en ocasiones no llegan ni a los 18 años y, peor aún, no se les exige que presenten antecedentes penales y policiales, ni aquellos que prueben que no han estado involucrados en delitos sexuales o de violencia intrafamiliar y menos, que aprueben los exámenes médicos y psicológicos necesarios. Incluso, hay quienes empiezan a trabajar sin contar con el certificado de capacitación y aprobación de los cursos que imparten los centros autorizados por la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP), entre otros requisitos fundamentales que tendrían que cumplir.
Frente a una problemática y preocupación social, cientos de empresas han logrado sacar provecho y hacer dinero a costa de la vida y la seguridad de las personas. Al mismo tiempo, existen graves debilidades en los mecanismos de control por parte del Estado.
La DIGESSP, entidad encarda de regular, controlar y supervisar a las empresas de seguridad privada y los guardias que trabajan para estas, cuenta apenas con 50 supervisores para fiscalizar a las cerca de 273 empresas autorizadas, una capacidad insuficiente para cumplir con su rol de monitoreo y control.
Resulta alarmante entonces conocer estos datos porque frente a un sector que opera, mayoritariamente de manera irregular, en la última década existen múltiples denuncias sobre abusos y hechos violentos contra la ciudadanía en los que se han visto involucrados guardias de seguridad privada, pero no existen registros oficiales de esto.
Hasta ahora, las autoridades no han demostrado un compromiso ni la voluntad política para crear un mecanismo que permita contabilizar y documentar de manera sistemática las agresiones, las violaciones a derechos humanos y el uso indebido de la fuerza por parte de este sector, lo cual impide investigar y, sobre todo, prevenir y sancionar este tipo de hechos.
Cabe entonces preguntarse si continuará quedando en la sombra un problema latente: un sector que maneja miles de armas, emplea a miles de personas y que está presente en la vida cotidiana de la población, pero que opera sin mayor control, muchas veces al margen de la ley y con la premisa de generar ganancias económicas a costa de la seguridad y la vida de las personas.
