A diez años de la histórica sentencia del caso Sepur Zarco, la lucha por la justicia, la memoria y el acceso a la tierra continúa vigente en una de las regiones más marcadas por el conflicto armado interno en Guatemala.
Ubicada entre Alta Verapaz e Izabal, la comunidad de Sepur Zarco fue escenario de graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra 15 mujeres q’eqchíes entre 1982 y 1983. Durante el juicio, se demostró que las sobrevivientes fueron víctimas de esclavitud sexual y doméstica en un destacamento militar instalado en la zona.
Los hechos ocurrieron en un contexto de disputa por la tierra. Según la investigación presentada durante el proceso judicial, varios campesinos de la comunidad, esposos de las víctimas, realizaban gestiones para obtener títulos de propiedad ante el entonces Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA). Sin embargo, fueron perseguidos, desaparecidos o asesinados por miembros del Ejército, dejando a las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad.
Según Paula Barrios, de la organización Mujeres Transformando el Mundo, la lucha por el acceso a la tierra y la certeza jurídica ha sido una constante en la región, donde persisten conflictos territoriales e intereses económicos vinculados a monocultivos como la palma africana.
El 26 de febrero de 2016, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó al coronel retirado Esteelmer Francisco Reyes Girón y al excomisionado militar Heriberto Valdez Asij por delitos relacionados con violencia sexual, desaparición forzada y crímenes contra los deberes de la humanidad. La sentencia impuso 120 años de prisión para Reyes Girón y 240 años para Valdez Asij, además de ordenar medidas de reparación para las sobrevivientes.
El fallo marcó un precedente nacional e internacional al reconocer la esclavitud sexual como un crimen cometido durante el conflicto armado interno y al colocar en el centro de la discusión la situación de las mujeres indígenas sobrevivientes de violencia.
Treinta y cuatro años después de los hechos, las mujeres de Sepur Zarco lograron romper el silencio y hacer escuchar su voz ante la justicia. Una década después de la sentencia, su historia continúa siendo un símbolo de resistencia, dignidad y búsqueda de verdad para las comunidades indígenas de Guatemala.
